El pedido de informe volvió al Ejecutivo. Viscellino dijo que la oposición “exagera”. Quieren saber quiénes usaron las cosas compradas. Schiavone advirtió que estudian el decreto que establece las tareas del área. Si consideran que no alcanzaron objetivos, pedirían remociones. Por Ricardo Carossino
Son muchos los reclamos de una parte de la sociedad de Lanús. Entre esos, aparecen las políticas de seguridad, materia que requiere de investigaciones altamente profesionalizadas. Pero, ante la urgencia planteada por algunos sectores sociales, parece que todo se redujera a “la vigilancia” y a bajar la edad de imputación, como si un pibe que delinque tuviera miedo de ser visto “in fraganti” o de ir preso, cuando su “¿libertad?” es más patética que las medievales instituciones carcelarias de la Argentina.
De hecho, quizás el nombre más adecuado para un Ministerio de Seguridad, al menos en la Argentina, podría ser Ministerio de Inclusión y Prevención Delictual, organismo que se dedicaría a planear estrategias para evitar conductas delictivas de jóvenes en riesgo. Y a esa cartera deberían informar y responder las distintas policías del país, como también todo el sistema carcelario, atravesado incluso por sospechas de corrupción.
De todos modos, un sector opositor de Lanús decidió ahondar en lo que hace la Municipalidad para colaborar en reducir los índices delictivos y pidió interpelar los responsables en Seguridad y hacer un estricto pedido de informes, para saber cómo se gasta el 2% del ABL y cuáles son las tareas y objetivos de la Subsecretaría de Seguridad, que hasta ahora no mostró mucha presencia.
Lo curioso es que hasta ahora, nadie, ni el oficialismo ni la oposición, se ha preguntado, o al menos le ha hecho saber a la gente, qué formación debería tener un idóneo en Seguridad. Tal vez no alcance con un militar o un policía retirado, profesionales que son (creemos) idóneos en prevenir el delito o en reprimirlo, pero que dudosamente estén capacitados para planear estrategias socioeconómicas que apunten a evitar la generación de jóvenes delincuentes.
Sin duda, esa tarea le compete al Estado nacional, si se sentara con todos los sectores políticos e institucionales, sin que la oposición boicotee la iniciativa. Tal vez sólo así se podría obtener una política efectiva de Estado y no políticas kirchneristas, PRO, radicales o de izquierda, que cambian con cada presidente que llega a la Rosada.
Ése es el rol del Estado y ahí el Estado también falla, por lo que los gobiernos del conurbano hoy no pueden detener un embate decidido de la oposición, si se decide a escarbar en ese tema para horadar políticamente a los oficialismos.
Parte del desafío de Díaz Pérez es contener una demanda que municipaliza un reclamo provincial, con los costos políticos que conlleva estando alineado, precisamente, con quien gobierna la provincia.
Del otro lado está la oposición, una franja política que representa a la mitad de Lanús, como quedó demostrado el pasado 28 de junio de 2009, cuando, según la Justicia Electoral bonaerense, Unión PRO arrimó el bochín y estuvo a sólo 42 votos de ganarle al peronismo kirchnerista.
Los episodios de robos seguidos de muerte que desafortunadamente se dieron en Wilde y Lanús despertaron el enojo de una parte de la sociedad, que salió a exigir respuestas rápidas, tanto en Avellaneda como en Lanús, que en materia de seguridad tuvo un penoso 2009 desde el crimen de Daniel Capristo.
En el caso de Avellaneda, el reclamo se calló a las pocas semanas luego de la instalación de cámaras de vigilancia. En Lanús, un sector opositor consideró que se debía hacer lo mismo y lo pidió, pero el oficialismo no pudo responder con la agilidad que sí lo hizo su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
En el caso de Lanús, la estrategia opositora dio resultado y los concejales sacaron a relucir chapa de ganadores en el Concejo Deliberante, sin que todo esto, hasta el momento, haya traspasado masivamente las puertas del HCD.
Eso lo sabe la oposición, y quizás por esa razón estén agudizando la crítica y poniendo el foco en cuestiones más detalladas del pedido de informes que fue devuelto a Ejecutivo, porque no se conformaron con lo que la Secretaría de Gobierno les respondió.
Ahora, luego de ver el extenso expediente que envió el Ejecutivo, el PRO, el bloque del PJ, Unión Peronista, la Coalición y el GEN, decidieron averiguar quién cargó nafta luego de confirmar que el gasto se había hecho. Una cosa es segura, si el gasto en combustible no se hubiera realizado, los patrulleros difícilmente hubieran podido salir a la calle.
Pero la demanda es mayor y pidieron saber el destino de todos los gastos —en detalle—, a lo cual, el titular de Gobierno Juan Carlos Viscellino, salió a responderles en Diario del Sur, considerando que “la oposición está exagerando” en sus requerimientos. Avisándoles que no los enviará al HCD, sino que los pondrá a disposición de los ediles que lo requieran y tendrán que ir a la Municipalidad.
Esta sobreactuación política de algunos sectores con una legítima fe en ser una real alternativa local de poder puso de nuevo contra las sogas al oficialismo en este enero caliente y otra vez se pusieron a trabajar para mostrar que “está todo”, como aseguró Viscellino, quien además adelantó que el próximo 17 de febrero se realizará la licitación para la compra de las conflictivas cámaras de vigilancia.
Sobre esta compra, como se sabe, en el llamado anterior —que se realizó el pasado 30 de diciembre— la oposición también puso su ojo crítico y denunció que no le permitieron ver los pliegos licitatorios. Consultado al respecto, Viscellino afirmó que “para pedir eso deben hacerlo por canales formales para no despertar suspicacias”.
Mientras tanto, ahora una parte de la oposición analiza el decreto enviado por el Ejecutivo que determina cuáles son las tareas y los objetivos de la Subsecretaría a cargo de Hugo Chazarreta, para ver si se cumplieron esos objetivos desde 2008 hasta la fecha, según confirmó a este medio el concejal del PRO Jorge Schiavone.
Según voces extraoficiales, ya se estaría pensado en pedir la remoción “de los responsables”, si consideran que “los objetivos que indica el decreto no fueron alcanzados”. Por su parte, Viscellino señaló que “eso ya entra en el terreno de la subjetividad política”. Quizás tenga parte de razón, si el decreto no establece en qué plazo se tienen que alcanzar los objetivos.
De cualquier manera, el Intendente ya confirmó que habrá recambios en el Gabinete municipal, y fuentes oficiales incluso señalan: “responsables” de Seguridad. Quedará por saber hasta donde llegará esta estrategia que le sirvió al HCD opositor para adquirir un protagonismo que no quiere dejar.
Mientras tanto, hay muchos otros reclamos históricos, por cierto, como políticas hídricas, luminarias, baches, antenas de celulares y obras públicas, que no han recibido, hasta el momento, la atención opositora que sí recibió el miedo de una parte de los vecinos de Lanús, que esperan ser vistos en profundidad por todo el arco político.
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